En 1647 el marqués de Aitona, Guillén Ramón de Montcada, estaba alojado en el palacio Montcada de Fraga. Era este marqués nada menos que el treinta y cinco descendiente directo de la saga de los Montcada, que desempeñaba la función y cargo de virrey de Cataluña y Capitán General del Principado. Una estancia que no podía pasar desapercibida para los naturales, ni por otras personas o autoridades de Cataluña que debían visitar al Virrey en nuestra villa.
Tras la conquista de Lérida por las tropas de Su Majestad Felipe IV, las monjas del convento de Sant Hilari (Lleida) visitaron al dicho marqués en Fraga para pedirle ayuda en pan y otros alimentos para las citadas monjas. Era el primero de noviembre de 1647. El marqués mandó al proveedor general del ejército, Antonio de la Torre Barreda, que les facilitara la ayuda pedida, tal como habían hecho otros reyes de España predecesores de Felipe IV. Ante la negativa de éste, las monjas recurrieron por segunda vez al marqués de Aitona, que reiteró la orden de ayuda. Por tercera vez, las monjas se presentaron ante el proveedor que se hallaba en Lérida, el cual los remitió a Fraga para que les pagara el virrey, con una nota manuscrita diciendo que sólo pensaba pagar a dicha mujeres si lo firmaba directamente el rey.
Reclamado el letrado de La Torre en Fraga, sostuvo una agria discusión con su superior el virrey, diciendo que sencillamente no había querido obedecerle. Arrogante ante el requerimiento de si no sabía obedecer a un superior, se atrevió a decir: “Si fueran de puestos iguales, no se lo dixera, ni él se lo sufriera”. El insubordinado sacó además la espada sin conseguir desenvainarla completamente, porque le retuvieron los ayudantes del virrey. El marqués de Aitona le fustigó con la suya enfundada y mandó encerrarle en las cárceles de la villa. Seguidamente el Montcada escribió al rey Felipe pidiendo instrucciones en semejante caso. Como el 26 de noviembre todavía no tuvo respuesta del monarca, y la tropa se mostraba inquieta con el encarcelamiento de don Antonio de La Torre, el virrey remitió al gobernador de Lérida, Manuel de Aguiar y Acuña, -residente en Fraga en la fecha- instrucciones severas sobre el suceso. En dichas órdenes, el citado gobernador, junto a Don Lorenzo de Salazar, se debían hacer cargo de la guarda y custodia del insurrecto, encerrado en Fraga. Don Antonio de La Torre, el reo, escribió desde su prisión del palacio Montcada una carta de socorro al rey, pues se esperaba lo peor.
Pasadas más de dos semanas sin noticias del rey, el virrey mandó preparar un cadalso y dictó sentencia de muerte pública del dicho La Torre, al estilo militar. La sentencia cumplida fue discutida, pues la rebeldía provenía nada menos de un letrado que era además alcalde de la casa y corte real, miembro del consejo de su majestad, clérigo que había cambiado los hábitos por el traje militar y proveedor general del ejército de Cataluña.
Enterada doña Toribia del Barreda, madre del sentenciado, de la muerte de su hijo Antonio, recurrió al rey consiguiendo que mientras de tramitara la causa, el virrey fuera depuesto de sus cargos y sufriera encierro en la misma cárcel. Presentada la alegación oportuna de Guillén Ramón de Montcada en 1649, intentó demostrar que la insurrección del difunto letrado equivalía a insurrección militar, y desobediencia al mismo rey en la persona de su alter ego, el virrey.
El noble Guillén Ramón de Montcada fue exculpado con el alegato de que en el año 1647, cuando ocurrieron los hechos, la guerra con Cataluña no había finalizado. Un noble militar de mayor graduación mandó ejecutar a otro noble de menor rango por desobediencia e insurrección. El hecho es más que anecdótico: ¡ocurrió entre los militares instalados en Fraga!