Pleito en Bujaraloz, 1690

Don Carlos Antonio Spinelli, Príncipe de Cariati y Virrey de Aragón, aconsejado unilateralmente por los ganaderos de Bujaraloz, intervino en una disputa entre vecinos, disputa que llegó a tomar matices de argumento teatral al estilo de Fuenteovejuna de Lope de Vega.

El estado social de Bujaraloz a finales del XVII se nos presenta de desigualdad social. Por un lado los ganaderos, que representaban los mayores propietarios; y por otro, la mayoría del pueblo, bastante empobrecido. Bujaraloz tenía un privilegio de 1416, concedido por el monasterio de Sirena, para la explotación de sus términos, pastos, hierbas, leñas, por el cual su Concejo podía arrendar dichos frutos en beneficio de todo el lugar. Sin embargo, a finales del siglo XVII, se había producido una doble irregularidad que levantó los ánimos de una gran parte de la población. Los ganaderos se arrendaban a sí mismos las hierbas, a precios más bajos, y ante las protestas de sus convecinos, aquellos optaron por ocupar los puestos del gobierno local, evitando de este modo que impidieran su predominio económico.

Claro está que, para acallar conciencias, los ganaderos daban donativos a los pobres, que eran la mayoría de sus vecinos. El sector más desfavorecido, harto ya de una inercia que en nada iba a cambiar sus vidas, manifestaron sus deseos de intervenir en el gobierno local. La tensión creciente causó el temor de los ganaderos y allegados, y para frenarla consiguieron que se aplicara el Estatuto criminal sobre los propios vecinos. Estatutos que sirvieron en Bujaraloz para que acabaran algunos vecinos en la cárcel local y, posteriormente, en las cárceles de Zaragoza.

Una protesta general de vecinos empezó cuando en los arriendos de 1689 los ganaderos se autoarrendaron las hierbas de sus términos, sin subir el precio del arriendo, a pesar de las muchas necesidades del municipio. En los libros llamados “Deliberaciones del Conzejo” –no sabemos si desaparecidos- se reflejaban los precios de los arriendos de cada año. Paralelamente, el Concejo local se renovaba cada año, después de nombrar el día 14 de septiembre a cuatro personas que habían de ser los responsables de las nuevas elecciones de jurados y prohombres. Pero, el sistema se había corrompido, y los responsables de las elecciones, en connivencia, elegían solamente a los ganaderos.

Ante las protestas de algunas familias por la situación que habían creado dichos ganaderos, sólo obtuvieron por respuesta la ruptura de los pasos de agua a los lugares propiedad de los descontentos. La situación sólo podía acabar en conflicto. Así ocurrió. Cuando don Josep Ezmir, consejero Real, llegó a Bujaraloz para pedir un donativo para su majestad en las primeras semanas de 1690, éste debía pacificar al mismo tiempo los ánimos de los vecinos y esclarecer la situación mediando en un posible acuerdo. Ocurrió todo lo contrario. Un pueblo sensible a lo que estaba sucediendo en su localidad, llenó la sala ante la presencia del dicho Consejero, y obligaron a que la elección se hiciera ante un notario, atendiendo a los privilegios antiguos de sus hombres. Ante la pregunta del notario de a quién debía hacer constar como reclamantes, o disidentes, le contestaron el que “El Pueblo”. Por Bujaraloz desfilaron en pocos meses: jueces, fiscal general, gobernador general, un consejero real e intervino el Virrey de Aragón.

El secretario del Concejo local y el Consejero Real, señor Ezmir, notificaron que la apertura de un “Apellido Criminal” ante el Justicia Mayor de Aragón, contra los responsables de la insurrección. Habiendo conocido el Virrey de Aragón, Cariati, las noticias del lugar, remitió un nuevo justicia, en la persona de don Miguel Claramonte, que debía sustituir al vigente en Bujaraloz (que bien podía don Esteban Albacar, que había renunciado a su oficio, según nos hace constar en referencia documental el señor José Mª Arcal Royo, vecino de Bujaraloz). Sin embargo, el nuevo justicia no se atrevió a sustituirle, sino a servir de consejero del que había desempeñado dicho oficio. Los más desfavorecidos de Bujaraloz propusieron la redacción de nuevas ordinaciones, para evitar que el pueblo entrara en la sala en Concejo General sin límite de vecinos, ni distinción entre los mismos. O sea, con plena libertad. Los ganaderos propusieron, como alternativa, un sistema proporcional de representantes, que no fue aceptado.

Incapaces de resolver por el diálogo aquel asunto y de dar una salida a las peticiones populares, los ganaderos y las autoridades de Zaragoza sólo veían como solución final la aplicación de mano dura contra los disconformes. Después de pedir ayuda militar al Duque de Villahermosa con 200 caballos armados, éste se excusó en que eran necesarios en Cataluña y Su Majestad no permitía su tránsito. Tampoco fue aceptado el desplazamiento de tropa desde Zaragoza, obligándola a establecerse en Bularaloz con la excusa de su tránsito hacia Lérida. El 18 de febrero de 1690 fueron detenidos seis vecinos, cabezas de familias, y llevados a las cárceles de la capital de Aragón.

Una carta remitida al Rey por vecinos más moderados, le explicaban el error en el que había incurrido don Carlos Antonio Spinelli, Príncipe de Cariati y Virrey de Aragón, al interpretar el deseo de justicia imparcial de sus vecinos, y la desatención perpetrada hacia el pueblo por la no aplicación de la Carta de Población de 1416 como la fórmula para evita abusos por parte de la oligarquía de los ganaderos de Bujaraloz. La carta al rey Carlos II de España decía literalmente: “Piden humildemente al Rey que impida al Príncipe cometer más injusticias, impidiendo que cada parte reclame la justicia libremente”.

No tienes permisos para comentar en este artículo

Contacta

La Voz Edita y Comunica

Candasnos 1, 2ºA
22520 Fraga
Teléfono: 974 471 487

lavoz@lavozdelbajocinca.com

Síguenos