Nuevas Irregularidades en Controles Teledetección PAC 2017

La Asociación Acción Ciudadana informa que el Gobierno de Aragón sigue demorando los pagos pendientes a los expedientes de la PAC sometidos a los controles por Teledetección en la Comarca del Bajo/Baix Cinca.

Desde el pasado mes de Enero, Acción Ciudadana viene denunciando públicamente las irregularidades detectadas en la gestión de los controles, indicando que podía deberse a una maniobra diseñada para justificar retrasos en los pagos, para disimular un presunto uso indebido de los fondos comunitarios para atender otras dificultades financieras de la Administración.

Los productores afectados, lejos de recibir los pagos pendientes paralizados por los controles, están recibiendo notificaciones en las últimas fechas de presuntos incumplimientos en materia de condicionalidad, que son requisitos exigidos para acceder a los Pagos Directos de la PAC.

Acción Ciudadana señala que desde que se realizaron los Controles de Teledetección en los meses de Julio y Agosto de 2017, ha transcurrido un plazo superior a los TRES MESES que establecen las normas reguladoras de la PAC, para poner en conocimiento del productor la existencia de posibles incumplimientos en materia de condicionalidad, produciéndose la caducidad, y con ello la imposibilidad de realizarlos en estas fechas, por lo que estos nuevos controles se estarían realizando fuera de plazo de forma extemporánea, y con la finalidad de volver a retrasar los pagos pendientes a los productores afectados. La Asociación aconseja a los afectados, no firmar los Informes de Condicionalidad, o hacer constar la disconformidad por realizarse fuera de plazo.

Desde Acción Ciudadana se valora que realizar unos controles en condicionalidad de forma extemporánea con la finalidad de retrasar los pagos, o incluso imponer sanciones reduciendo los importes a percibir, produciendo un mayor perjuicio a los productores, genera una situación en que, presuntamente, la Administración incumplidora podría llegar a estar consumiendo recursos públicos, materiales y humanos, sin que legalmente pueda justificarse.

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