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    El agua y el archivo...

    ... de la Corona de Aragón

    El debate permanente del agua no terminó con la eliminación jurídica del trasvase del Ebro. Este contencioso de alto calibre político y económico que enfrenta a distintas Comunidades Autónomas, ha vuelto a resurgir con inusitada fuerza en los proyectos de reforma del Estatuto de Autonomía de algunas comunidades. Las que han tenido mayor capacidad de presión política, han conseguido superar el filtro de Congreso y Senado llevándose para su casa alguna que otra prebenda que, en materia de agua, contiene un gran calado por sus consecuencias posteriores. El Gobierno del Sr. Zapatero debió distinguir de principio, es decir, antes de aprobar los primeros proyectos de nuevos Estatutos, valorar que la política de Estado, que es la que incumbe al uso y disfrute del agua con fines de solidaridad, impide otorgar privilegios a unos en perjuicio de otros, puesto que al final todos nos apuntamos al reparto, en un ejercicio de defensa a ultranza de nuestro respectivo territorio, que a juicio de algunos podría rozar la inconstitucionalidad.
     

    Y de esa política errática de falta de visión de Estado en materia de agua van apareciendo ya los primeros escarceos (de los que ya anticipé algo en mi artículo de la semana pasada) que están produciendo disputas y grietas en el seno de los dos grandes partidos, como está ocurriendo en el predebate en las Cortes Generales de nuestro nuevo Estatuto, que si tiene algo de positivo es que al menos en Aragón, hasta ahora, todos los partidos, excepto una abstención, están apiñados en la defensa del texto aprobado por las Cortes de Aragón. Presumo un invierno político caliente, dada la gran envergadura del tema y de la proximidad de las elecciones.
     

    Pero lo cierto es que cuando hablo del agua quizás me extiendo más de lo necesario y en mi comentario de esta semana, quería referirme, con satisfacción, a la aprobación por el Consejo de Ministros, por fin, después de más de veinte años esperando, del Real Decreto 1267/2006 de 8 de noviembre, por el que se crea el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, como organismo del Estado, en el que, como no puede ser de otra manera, estarán representadas las cuatro Comunidades Autónomas que conformaron la institución que se ha identificado siempre con el nombre de Corona de Aragón.
     

    Estoy plenamente convencido que cualquier interesado o estudioso habrá encontrado las puertas abiertas para realizar su trabajo de investigación, pero desde Aragón siempre se ha reinvidicado el derecho histórico y cultural de especial relieve, de constituir un Patronato compuesto por la representación estatal y de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Islas Baleares y Valencia. Con la aprobación del Real Decreto, quedan las cosas en su sitio definitivamente, puesto que no excluye a nadie y nos beneficia a todos por igual.
     

    Ojalá que en materia de agua se logren pronto cotas de consenso, aunque para nosotros “veinte años no es nada”, teniendo en cuenta, lamentablemente, que nuestras demandas se remontan a 1915.

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