No debe extrañarnos el revuelo que ha armado el presidente del Gobierno al anunciar improvisadamente su propuesta de reforma de alargar progresivamente la edad de jubilación. La propuesta que el Sr. Zapatero presenta a debate pretende aplicar la edad de jubilación gradualmente a los 67 años, a partir de 2013.

El presidente del Gobierno, hasta ahora al menos, no se caracteriza precisamente por llevar los temas de fondo solidamente trabajados y presentados solemnemente a la opinión pública. Una vez más, el Sr. Zapatero ha optado por un brusco aterrizaje queriendo reformar el sistema de pensiones públicas, con sorpresa para propios y extraños; pero, aún desacertando en las formas, lo cierto es que este es un debate que hay que abordar si queremos mantener las expectativas de la bondad de las pensiones públicas, que, de una forma u otra, las veremos recortadas más pronto que tarde. Y, desde luego, no me refiero con ello al malhumor de muchos pensionistas al verles reducida este año su modesta pensión por el incremento de las retenciones por IRPF.

La propuesta de reforma del Gobierno es ampliar las bases de cálculo de la pensión, en lugar de los 15 años actuales, a obtener el promedio de los 20 años últimos y, por otro lado, alcanzar gradualmente los 67 años para tener derecho a la jubilación, lo cual, llevado a la práctica, supondría sin la menor duda una cuantía menor de la pensión en la gran mayoría de los casos.

Los gobiernos, en general, son reticentes a poner sobre la mesa y tratar los temas de reforma de las pensiones porque pueden tener un costo político. Pero aun cuando el Sr. Zapatero haya tomado la decisión de una forma inadecuada, en principio, es de anotar en su haber que haya optado por el pragmatismo antes que por su ideología. Claro está que la gravísima crisis en la que estamos inmersos fuerza la situación de reformas.

Al tanto, pues, todo el mundo, porque estamos hablando e iniciando el gran debate de un tema de Estado de profundo significado social y, por lo tanto, nos encontramos en un ámbito muy sensible para la ciudadanía; políticos, sindicatos y empresarios deben afinar muy bien la puntería, como están haciendo otros países europeos. El Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados y los interlocutores sociales y económicos tienen trabajo asegurado para los próximos meses, e incluso años, y los ciudadanos vamos a estar muy pendientes de cómo van a quedar las reformas que, en todo caso, estarán cada vez más lejanas de lo que nos prometió el sistema cuando empezamos a cotizar.

La crisis, con la disminución de cotizantes y el espectacular incremento de las prestaciones por desempleo, y por otro lado, el aumento de la esperanza de vida de los españoles, ha resucitado el problema de la financiación de las pensiones. El debate acaba de empezar. Veremos cómo evoluciona. Pero tengamos claro que, si queremos seguir garantizando a medio y largo plazo las coberturas sociales, aun con recortes, estas reformas, aunque resulten políticamente incomodas, son absolutamente imprescindibles si queremos evitar el colapso de nuestro sistema de pensiones.